29 de junio de 2011 • 13:16
Se trata de la presidenta de Nuestra Huella, Alejandra López Camelo y la subdirectora Lucía Teressa, quienes debían declarar hoy pero solicitaron una prórroga, que les fue concedida, por lo que deberán declarar el viernes.
Ambas directivas deberán explicar cómo era el tratamiento de residuos tóxicos en esa empresa, ya que se investiga si los agroquímicos empleados allí fueron los causantes de la muerte por cáncer de Ezequiel Ferreyra, de 7 años, quien vivía y trabajaba en una de las granja de esa firma.
El abogado de la Fundación Alameda, Carlos Beinhzin, explicó a Télam que «consideramos que el medio en el que vivía Ezquiel era apto para causarle el cáncer que tuvo, hay un vínculo entre el agrotóxico y el cáncer del niño», fallecido en noviembre de 2010.
«Se tiene que investigar el maltrato que sufrían los trabajadores, maltrato relacionado con la falta de cuidados para el trabajador, la poca limpieza del lugar, la presencia de los agrotóxicos, con esa relación patronal-trabajador asimétrica donde el trabajador no es tratado como un ser humano», afirmó.
Por su parte, Néstor Escudero, de la Fundación Alameda, explicó a Télam que «hoy entregamos al juez (Adrián González Charvay) dos escritos; en el primero pedimos que dejen sin efecto la orden de desalojo para siete familias que viven en las granjas».
«Pedimos al juzgado que en lugar de desalojarlos se ordene que se acondicione el lugar con higiene y seguridad ya que con el desalojo no se brinda ninguna alternativa ni de vivienda ni laboral a los trabajadores», remarcó.
Escudero destacó que «el otro documento que presentamos es un escrito de la relatora Especial de trata de personas de la ONU, Joy Ngozi Ezeilo, donde se denuncia la explotación sufrida por el trabajador Oscar Taboada en Nuestra Huella».
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