A comienzos de 2011, una serie de operativos conjuntos de la AFIP y el Ministerio de Trabajo de la Nación detectaron centenares de trabajadores rurales bonaerenses en condiciones irregulares de contrato y en situación de verdadera esclavitud.
Hacinados en tinglados sin higiene y casi sin ventilación, condenados a vivir como animales, haciendo sus necesidades donde encontraran algún hueco, comiendo alimentos muchas veces en estado de descomposición y consumiendo agua sin garantía de ser potable, estos esclavos modelo siglo XXI servían a multinacionales agrarias de renombre.
DuPont, ADM, Cargill, Syngenta, Pioneer, Status Ager, Southern Seeds Production, Nidera, Dreyfus y Monsanto fueron algunas de las firmas donde se encontraron estas atrocidades, y a las cuales el gobierno nacional denunció penalmente y sancionó comercialmente.
En algunos casos no solo se encontraron esclavos sino que también se detectaron maniobras de evasión.
Los procedimientos se extendieron también a otras provincias del país, donde siguieron hallándose esclavos en explotaciones rurales, en algunos casos propiedad de dirigentes políticos reconocidos, como fue el caso del diputado salteño Alfredo Olmedo, en cuyo campo de producción de aceitunas fueron detectados trabajadores que subsistían en condiciones miserables.
Tras estos operativos, no fueron pocas las voces que se levantaron para alertar que se estaba atacando al capital privado, que con este tipo de conductas se espantaba a los inversores, en momentos en que la Argentina estaba tan necesitada de la llegada del dinero externo.
En marzo del año pasado, Clarín señalaba que los “empresarios dicen que este año faltan trabajadores golondrina”, y advertía que “están en riesgo la cosechas de uva, aceitunas y tabaco”.
Sustentaba esta afirmación en que “en los obreros pesa el temor a perder la Asignación Universal por Hijo (AUH). Pero también impactan las inspecciones de la AFIP, que los obliga a tener ‘en blanco’ a todo el personal”.
El mismo diario destacaba también que las empresas estadounidenses denunciaban ante la Embajada de su país en la Argentina “presiones” por parte del gobierno local. “Son acusadas por la AFIP en causas ligadas a la evasión impositiva. Hablan de una ‘escalada’, subrayaba Clarín.
Sin embargo, ya a mediados de 2011, dos de las empresas implicadas en los operativos y sancionadas por el Gobierno anunciaban inversiones.
Dreyfus iniciaba el proyecto de construcción de un molino arrocero en la provincia de Corrientes para lo cual desembolsaría $800 millones, y también comenzaba a levantar una planta de procesamiento de soja en la localidad santafesina de Timbúes, con una inversión de $2.000 millones, y otra de biodiesel en Rosario, por $182 millones. En total la compañía sumaba casi $3.000 millones a sus activos en el país.
Pero también Nidera antes de finalizar el año invertía $455 millones en producción, almacenamiento e infraestructura para sus negocios cerealeros. Y Cargill se decidía a destinar $546 millones al negocio de la bioenergía.
Y ahora en el último mes, Monsanto y Syngenta dieron cuenta de suculentos desembolsos por $2.470 millones. En el caso de Monsanto, se destinarán $1.670 millones a la construcción de una planta para procesar semillas de maíz, en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas, con la consecuente creación de 400 empleos, y también a investigación y desarrollo.
Por su parte, Syngenta pondrá $800 millones para levantar una planta de producción de semillas de maíz y girasol en Las Marías, Córdoba, que empleará a 350 personas; y también lo destinará a investigación y desarrollo y a la construcción de infraestructura para los trabajadores rurales de la compañía.
Así, en un año se anunciaron inversiones por más de $6.500 millones por parte de las empresas que habían sido inspeccionadas y sancionadas. Una clara muestra de que exigir a las compañías que garanticen la dignidad de sus trabajadores no está reñido con que las mismas hagan crecer sus inversiones en la Argentina.
Leandro Selén