La Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud, Urmila Bhoola, en el marco de la presentación del informe anual de su mandato al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, llamó la atención de los Estados sobre el hecho que muchas empresas privadas, especialmente las corporaciones transnacionales de suministros globales [1], utilizan el trabajo forzado, el cual constituye una nueva forma de esclavitud.
Bhoola, de origen sudafricano, indicó que “según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 90% de aproximadamente 20,9 millones de personas que son víctimas de trabajo forzado, son explotadas por individuos o empresas del sector privado” y de acuerdo a investigaciones recientes de la misma organización, la economía privada obtiene por año unos 150 billones de dólares como beneficios de esa práctica. Sólo en Estados Unidos las víctimas del trabajo forzoso, incluyendo el trabajo doméstico, agricultura, construcción, manufactura y minería, generan unos 51 mil millones dólares en ganancias anuales.
Todo ello refuerza “la necesidad de garantizar que las prácticas comerciales sean congruentes con los derechos humanos”. Este será uno de los cuatro ejes prioritarios en su agenda de trabajo, anunció la experta. Los otros temas serán: la eliminación de todas las formas de servidumbre doméstica y esclavitud; la erradicación de los matrimonios infantiles, práctica a la que se refirió como análoga a la esclavitud basada en el matrimonio servil, servidumbre doméstica y esclavitud sexual, al tiempo que lamentó que aún hayan países en los que no está penalizado el matrimonio precoz; y por último la abolición del trabajo infantil.
La Relatora también señaló que profundizará sus investigaciones sobre las causas y consecuencias que generan las formas contemporáneas de esclavitud, entre ellas: la pobreza, la desigualdad, la debilidad en las leyes nacionales y el no cumplimiento de normas internacionales en la materia. Asimismo, expresó su deseo de dar más visibilidad a este fenómeno en las economías desarrolladas y manifestó su intención de trabajar en estrecha colaboración con la sociedad civil.
En el momento de las intervenciones de los estados, varios países de América Latina solicitaron la palabra: México, Brasil, El Salvador, Venezuela, Cuba, Costa Rica y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELA) presidida por Costa Rica.
La CELAC resaltó el alcance de las recomendaciones de la OIT en relación al trabajo forzoso, al considerar que éstas pueden complementar el Convenio Internacional sobre Trabajo Forzoso, para dar paso a un dispositivo moderno y equilibrado que permita erradicar esta nueva forma de esclavitud. Mientras tanto, Venezuela coincidió en que se debe luchar contra las nuevas formas de esclavitud, alentó a la Relatora a que profundice en el estudio sobre su origen y manifestó su preocupación por el papel de las empresas transnacionales en el trabajo forzado.
Por su parte, Brasil destacó que las políticas públicas deben centrarse en la prevención, no sólo en el cumplimiento de la legislación contra la servidumbre doméstica, el trabajo forzoso y otras formas contemporáneas de esclavitud. Mencionó que han creado políticas que mejoran las condiciones de trabajo del servicio doméstico y recientemente el país adoptó una ley que permite expropiar las tierras en las que se ha constatado que se trabajaba en condiciones de esclavitud.
En este contexto de prioridades y estrategias presentadas por la nueva Relatora, especialmente la que concierne a las corporaciones transnacionales, según múltiples estadísticas de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la mayoría de las empresas de América Latina que se dedican al sector de suministros globales, son corporaciones privadas nacionales o transnacionales.
El mandato de la Relatoría sobre las Formas Contemporáneas de Esclavitud, que sustituyó al entonces Grupo de Trabajo, fue aprobado por el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2007. La actual experta remplazó a Gulnara Shahinian, de origen armenio, quien ejerció esta función durante dos periodos consecutivos, desde su nombramiento en 2008 hasta su relevo en 2014.