El consejero de Empleo presenta un estudio sobre los costes económicos de los siniestros UGT y CC OO piden que «no haya más dinero para empresas si no garantizan la seguridad»
Hoy sábado es el Día Internacional de la Seguridad y la Salud de los Trabajadores. Sin embargo, los sindicatos optaron por adelantar todos los actos programados al día de ayer. La jornada comenzó con asambleas sindicales y concluyó con una manifestación que recorrió el centro de Logroño para acabar frente a la sede de la Federación de Empresarios de La Rioja (FER).
Organizada por UGT y CC OO con el lema ‘¿No atentéis contra nuestra salud! ¿Cumplid la ley!’, congregó a unas 250 personas y supuso el estreno de Javier Granda como secretario general de UGT. Los argumentos de los manifestantes eran claros: 6.811 accidentes laborales, seis mortales, en La Rioja a lo largo de 2006. A lo que habría que añadir los cuatro trabajadores fallecidos en el primer trimestre del presente año.
La secretaria de Salud Laboral de CC OO, Lina Sierra, y el secretario de Acción Sindical de UGT, Enrique Raposo, apuntaron que, pese a unas «buenas» leyes de prevención, la siniestralidad «no está bajando». También, hicieron hincapié en que el reconocimiento de las enfermedades profesionales son «otra asignatura pendiente».
La solución, apuntaron, pasa por la concienciación de los empresarios, «no pueden pensar que la seguridad va en contra de sus beneficios». Esta idea fue avalada por el estudio sobre los costes económicos de los accidentes de trabajo que ayer presentó el consejero de Hacienda y Empleo, Juan José Muñoz.
Este informe cuantifica los costes pecuniarios que soportaron las empresas riojanas por accidentes laborales en 2005 y el gasto en las medidas preventivas que hubieran podido evitarlos. La conclusión es que «la inversión media en prevención es siete veces menor que el coste que origina el propio accidente de trabajo».
En cifras, un percance laboral supone, incluidos costes de personal, daños materiales y responsabilidades administrativas, un gasto medio de 3.427 euros. Su prevención habría originado un desembolso de 500 euros, incluida formación y equipamiento.
A lo largo de la jornada, Raposo apuntó que «el Gobierno lo más que hace son campañas para lavar su responsabilidad». En su opinión, «no puede ser que se concedan millones (a las empresas) sin ninguna consideración sobre las condiciones de trabajo». Por ello, exigió que «no haya más dinero, mientras que las empresas no garanticen el derecho a la salud». USO también reclamó políticas que «sirvan para disminuir hasta erradicar la siniestralidad».