Resulta increíble que en el siglo XXI la esclavitud laboral siga siendo motivo de preocupación. Y todavía más que en una reunión entre el Papa y una jefa de Estado sea uno de los temas abordados. Pero lo es. Lamentablemente. Sobre todo teniendo en cuenta que en enero se cumplieron 200 años de la abolición de la servidumbre en la Argentina. Parece mentira que aún existen quienes consideran a los trabajadores hombres y mujeres carentes de derechos. En esta misma lógica se inscriben los individuos que persisten con la trata de personas. Y, claro está, no es patrimonio de la Argentina, sino que es una triste realidad que se vive en casi todo el mundo.
La frase “trabajo esclavo” encierra una contradicción en sí misma. El trabajo dignifica y la esclavitud denigra. Salarios, descansos, cobertura de una obra social, aportes, vacaciones y condiciones adecuadas son beneficios insoslayables. Sin embargo, para algunos todavía son un privilegio. Utilizan una excusa vergonzosa, le ponen el rótulo de cultura y se escudan en ella. Una cultura a la que este gobierno decidió sacarle tarjeta roja, sabiendo que, como siempre, enfrentamos intereses. También en este tema.
Cuando la Presidenta salió de su almuerzo con el nuevo papa expresó que “hay gran compromiso de Francisco en la lucha contra la esclavitud y la trata de personas, y nos sentimos totalmente identificados”. Y es así. Sin vuelta atrás. Cuando se inició este proyecto en 2003 lo hicimos con esta convicción. O sea, incluir. Y devolverle al concepto trabajo la integridad que le es propia. Y que había perdido a través de años de falsedades economicistas. No resultó una tarea sencilla. La reticencia de algunos y los vericuetos judiciales en otros son una dificultad cotidiana. Hay intereses concentrados que se niegan a cambiar. Que bajo el pretexto de la cadena de valor tergiversan y construyen una cadena de disvalor en términos laborales y sociales.
Para enfrentar esta problemática hubo que poner al Estado en marcha. Devolverle el rol que le habían quitado. Cambiamos bolsones de comida por puestos de trabajo. En estos diez años se generaron 500 mil empleos de promedio por año. Cambiamos decretos por negociaciones salariales. Sacamos del destierro al Consejo del Salario Mínimo e implementamos la Asignación Universal por Hijo. Y, desde el primer día, comenzamos una pelea sin pausa contra la informalidad laboral.
Hoy nadie desconoce que el trabajo no registrado es una ilegalidad que algunas empresas o patronales cometen. Desde que se lanzó el Plan Nacional de Regularización del Trabajo, en octubre de 2003, desde el Salón Blanco nos dedicamos a concientizar. Además, porque tomamos medidas para simplificar la registración y porque planteamos beneficios impositivos. Pasamos de 22 agentes para cubrir todo el país a 450 inspectores especializados y profesionalizados. Fortalecidos con infraestructura y tecnología. Y se articuló esta fiscalización con la AFIP. Se trabajó y se trabaja coordinadamente con las provincias. Y se creó el Renatea como órgano del Ministerio de Trabajo dedicado al registro y control del trabajo rural.
Para transformar esta matriz cultural perversa hizo falta más. Hace falta responsabilidad social de los empresarios y contar con más compromiso de muchas dirigencias sindicales. Además es indispensable un marco legal que aborde esta cuestión en su totalidad. Y por esto se hicieron una serie de proyectos que se convirtieron en ley. Primero se derogó la “ley Banelco”, que precarizaba y flexibilizaba los derechos laborales. Después se sancionó la Ley 26.364 sobre trata de personas, como norma fundamental para el accionar contra el trabajo esclavo. Luego se sancionó la Ley 26.390, que prohíbe el trabajo infantil para menores de 16 años. Y, la semana pasada, la ley que convierte en delito el uso del trabajo infantil. Pero también, en 2011, se promulgó la Ley 26.727 del Nuevo Estatuto del Trabajador Rural. Y hace pocos días se acaba de aprobar la nueva Ley 26.844 de Trabajadores de Casas Particulares.
Se ha avanzado. Pero siempre se puede dar un paso más. Como el que estamos dando en la ciudad de Buenos Aires desde 2008 con la inspección que detectó más de 1150 talleres textiles clandestinos. Confeccionistas de reconocidas marcas que fueron debidamente multados por casos de trata de personas y reducción a la servidumbre. Hoy, alrededor de cien causas se encuentran en la Justicia. Y en busca de agilizarlas, el Ministerio de Trabajo se presentó como querellante. La Justicia, lamentablemente, no le otorgó ese lugar.
O el operativo conjunto en 2011 que descubrió a una transnacional reduciendo a la servidumbre a 133 trabajadores y 19 menores de edad en la provincia de Santiago del Estero. O, cerca de esa fecha, una situación similar en Ramallo, en la que se encontraron 80 trabajadores en situación de esclavitud laboral. Y en el mes próximo pasado podemos citar el ejemplo nefasto de la aceitunera riojana que explotaba a más de 200 trabajadores, con miserables condiciones laborales. O el caso más reciente de Expo Agro. En esa exposición se detectó que de las 126 empresas fiscalizadas que participaron, 58 presentaron algún tipo de irregularidad laboral.
La tarea todavía está vigente. Mientras haya una persona maltratada laboralmente no se puede bajar los brazos. Saber que la cantidad de trabajadores registrados hoy es la más alta de los últimos 38 años, impulsa a seguir. La explotación, la esclavitud y la exclusión de derechos siguen siendo el desafío. Los argentinos de esta década sabemos que es posible superarlo. Poseemos la vocación y la épica para lograrlo.
Por Carlos Tomada
Ministro de Trabajo.