Las demandas laborales siempre provocan reacciones encontradas entre patronos y trabajadores, ya sea por la negativa al pago del salario mínimo, por la falta del reconocimiento de prestaciones, por incumplimientos de los pactos colectivos de trabajo y por las acciones que toman los inconformes para intentar que se atiendan sus demandas. Hay un caso que concita la animadversión hasta de quienes se presentan como defensores de la ley.
Se trata del llamado trabajo doméstico, una forma de esclavitud y explotación, resabio de la Colonia, de la que se benefician miles de familias, pero que socialmente se le niega el reconocimiento de prestaciones laborales.
Las trabajadoras de casa particular, además de hacer los oficios domésticos, son cocineras, lavanderas, planchadoras, niñeras, jardineras, enfermeras, psicólogas, masajistas, acompañantes, y cualquier otra profesión que se pueda realizar dentro del hogar; no tienen horario, carecen de protección social, son las que encienden y apagan las luces de las casas y todavía hay algunas que se heredan de generación en generación.
Las organizaciones sociales y sindicales de mujeres en la economía han luchado insistentemente desde 1999 para lograr reformas al Código de Trabajo, para alcanzar la igualdad en el tratamiento del desempeño de actividades laborales, esfuerzo que no ha fructificado. En el Congreso se les ha puesto cortapisas, ¡la ley no es para perjudicar la economía familiar!
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), durante la edición 100 de la Conferencia, celebrada en junio de este año en Ginebra, advirtió sobre la necesidad de crear herramientas legales de protección, por la fragilidad normativa de este sector laboral. Representantes de la OIT recordaron que esta es una de las formas de empleo más precarias en el mundo, es inseguro, desprotegido y con bajos salarios; muchas de las personas que lo realizan son más vulnerables a sufrir violencia física y psicológica, especialmente los y las menores de edad, las mujeres y los migrantes.
La OIT adoptó en esa conferencia, por primera vez en la historia, normas laborales internacionales destinadas a mejorar las condiciones de vida de decenas de millones de trabajadoras(es) domésticas en el mundo, acontecimiento histórico.
Los delegados de gobiernos, empleadores y trabajadores aprobaron el Convenio 189 sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, un tratado internacional vinculante para los Estados miembros que lo ratifiquen.
Según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, elaborada por el INE, en Guatemala hay más de 173 mil trabajadoras de casa particular, siendo casi 14 mil menores de 15 años, lo que representa el 8 por ciento del total, cifras que se consideran muy conservadoras.
Actualmente, las trabajadoras del hogar y a domicilio están cabildeando para lograr la ratificación del Convenio. Los ministerios de Trabajo y de Relaciones Exteriores han mostrado una aparente buena voluntad; sin embargo, el primero ni siquiera envió a un titular o a un suplente a la 100 Conferencia de la OIT, en representación del Estado de Guatemala.
La adhesión del país al Convenio se logró por el cabildeo que hizo Atrahdom y el Consejo de Organizaciones Sociales y Sindicales de Mujeres en la Economía (Cosme) con agrupaciones con representatividad de los gobiernos de otros países, especialmente con el Grupo Latinoamericano y del Caribe (Grulac).
Señores Ministros de Trabajo y Relaciones Exteriores, ¿van a honrar el compromiso?