BUENOS AIRES, sep (IPS) – Mientras que la tendencia en el mundo industrializado es frenar los planes de desarrollo de energía nuclear a raíz del siniestro del 11 de marzo en Japón, en Argentina se incrementa la capacidad de las centrales existentes y se erigen nuevos reactores.
Alemania y Suiza pusieron un plazo fijo a sus centrales, un plebiscito en Italia mostró un extendido rechazo a esta tecnología y en Francia consideran disminuir las inversiones en el sector.
Pero eso está lejos de ocurrir en Argentina. El gobierno de Cristina Fernández firmó en la última semana de agosto contratos para prolongar la vida útil de una de las dos centrales existentes en el país, anunció que está próximo a inaugurar la tercera y promete una cuarta para antes de 2020.
Todo a pesar de que la mayoría de los argentinos, aunque no lo expresa activamente, está en contra de seguir invirtiendo en esta tipo de energía cara y de riesgo, según una encuesta encargada este año por el capítulo local de Greenpeace.
El sondeo dio que 66 por ciento de los argentinos consultados consideran la energía nuclear «peligrosa» o «muy peligrosa», 74 por ciento sostiene que se debería eliminar esta opción de la matriz energética y solo 16 por ciento quiere incrementarla.
En diálogo con IPS, el ingeniero Ernesto Boerio, de Greenpeace, recordó que el plan nuclear, que estuvo parado en los años 90, se reflotó en 2006 y se expande vigoroso pese al impacto del sismo y posterior tsunami de marzo en las centrales japonesas de Fukushima.
«Por necesidad de electricidad, el gobierno avanza en todos los frentes, pero es que en Argentina el sector nuclear tiene su peso, su poder, y logra seguir incidiendo sobre la dirigencia política para mantener las inversiones», remarcó.
Argentina es uno de los tres países latinoamericanos junto con Brasil y México que pudo desarrollar un programa nuclear y aunque ese proyecto hoy tiene fines pacíficos nació bajo la órbita militar con la idea de dominar la tecnología.
Desde 1974 opera en el país Atucha I, en la oriental provincia de Buenos Aires y a solo 100 kilómetros de la capital del país, con una potencia de 370 megavatios (MW), y desde 1984 está en funciones Embalse, en la central provincia de Córdoba, que aporta 648 MW.
En la década del 90 se estancó el plan, pero en 2006 se retomó la obra interrumpida de Atucha II, que quedará inaugurada en 2012 y que aportará 745 MW. Además, se está en tratativas para una cuarta central que proveerá de 1.000 MW para 2020.
En la actualidad, el aporte de energía nuclear a la matriz eléctrica argentina es de entre cinco y siete por ciento. Con Atucha II, situada junto a la I, llegaría a 12 por ciento. Hay además un nuevo prototipo de reactor diseñado en Argentina, el Carem.
El Carem es pequeño, de 50 MW, y de investigación, pero según Boerio podría escalar para convertirse en una central. En este contexto, el gobierno acaba de suscribir acuerdos para prolongar la vida útil de Embalse y aumentar su potencia.
El Ministerio de Planificación Federal y los organismos gubernamentales del sector se comprometieron a invertir 1.366 millones de dólares, 440 millones de los cuales son contratos con firmas extranjeras, para extender la vigencia de Embalse.
La iniciativa indignó a la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), con sede en Córdoba, donde se sitúa Embalse. La organización denunció que la decisión del gobierno es «ilegal», según sintetizó a IPS su director, Raúl Montenegro.
«Además de no hacer el estudio de impacto ambiental correspondiente, no hubo ningún tipo de consulta ni audiencia pública. Parece que ese tipo de herramientas de control están de adorno cuando se trata de energía nuclear», subrayó.
Para este activista, que recibió el llamado premio Nobel Alternativo en 2004, «el programa nuclear argentino sigue teniendo el mismo componente de autoritarismo y de secreto con el que nació durante gobiernos militares».
«Es como si la democracia no hubiera llegado al área nuclear. En lugar de que los organismos nucleares se democraticen, lograron convencer a los gobiernos constitucionales de mantener procedimientos secretos y no consultar», denunció.
Montenegro no descarta que haya funcionarios que crean de buena fe en la energía nuclear como símbolo del desarrollo, pero señaló que no hay ninguna relación entre el «raquítico» aporte de cinco o siete por ciento de electricidad y el costo que tiene el programa.
«En Argentina, el desarrollo nuclear no nació con la idea de producir electricidad», advirtió, y sostuvo que no solo el gobierno «se dejó convencer por el lobby nuclear sino que la sociedad no tuvo un debate amplio sobre este tema».
Para el activista, Embalse es particularmente peligrosa por estar sobre una falla donde se registraron sismos de diversa magnitud en el siglo XX. Además recordó que la central tuvo múltiples incidentes por fallas de diseño en los reactores.
No obstante, no es solo la usina lo que preocupa sino los depósitos de combustible agotado que están junto a las centrales y que preservan el riesgo por 240.000 años. Esa amenaza, se multiplicará al prolongar la vida útil de Embalse, dijo.
Las autoridades aseguran que para la extensión se harán estudios sísmicos en Embalse, pero Montenegro recordó que no es sólo esa la amenaza. También puede haber incidentes internos, atentados terroristas o accidentes aéreos sobre la central.
Funam denunció que los pobladores de Embalse y los vecinos de Atucha no están preparados para un siniestro. Los simulacros se hacen solo 10 kilómetros a la redonda, pero en caso de un accidente la radiación puede llegar a 500 kilómetros, alertó.
«No preparan a la gente para no hacer olas, pero el riesgo existe y es aterrador», advirtió. Solo en Rosario, dijo, una ciudad muy poblada de la provincia de Santa Fe, el riesgo es múltiple porque está al alcance de Embalse y de Atucha que se apresta a ser un parque atómico, como el de Fukushima.