Cuatro ex directivos de la universidad fueron condenados por estrago culposo agravado, por su responsabilidad en el estallido de un laboratorio que provocó la muerte de seis personas. Ordenan investigar a dos empresas.
Cuatro ex directivos de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) fueron condenados –uno de ellos a una pena de prisión efectiva– por su responsabilidad en la explosión de una planta piloto en esa casa de estudios, ocurrida en 2007, en la que murieron cinco docentes y un estudiante. La condena a tres años y seis meses de prisión efectiva recayó sobre el ex vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la UNRC, Carlos Bortis, quien fue considerado autor del delito de estrago culposo agravado.
El juicio estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba, presidido por el juez Fabián Asís y que también integran Vicente Muscará y Carlos Lascano. Bortis recibió la pena mayor porque al momento de las explosiones, el 5 de diciembre de 2007, estaba al frente del decanato de la facultad por el uso de licencia de la que gozaba el decano, Oscar Spada. La querella había solicitado una pena de cinco años de prisión para Bortis, mientras que el fiscal Maximiliano Hairabedián había pedido tres años de prisión efectiva.
Por otra parte, el tribunal condenó con penas de dos años y seis meses de cumplimiento condicional a José Luis Pincini y Miriam Ferrari, como “autores penalmente responsables por el delito de estrago culposo agravado por la muerte de personas”. En tanto, para Sergio Antonelli se dictó una pena condicional de dos años de prisión.
Pincini y Antonelli ocupaban los cargos de secretario técnico de la facultad e integrante de la Comisión de Higiene y Seguridad de la UNRC, respectivamente, mientras que Ferrari era directora del Departamento de Tecnología Química de la Facultad. A esta docente, los jueces le aplicaron una pena de seis meses de prisión condicional por “cómplice no necesariamente responsable del delito de estrago culposo agravado por la muerte de personas”.
El tribunal absolvió a Liliana Ruetsch, docente e investigadora que, al tirarse por una ventana, fue la única sobreviviente del incendio, tal como habían solicitado las distintas partes.
Los estallidos involucraron a unos quince tambores de 200 litros con hexano, un derivado del petróleo utilizado como diluyente y de altísima inflamabilidad. La sustancia formaba parte de una investigación realizada por la universidad en sociedad con una empresa privada, en la cual estaba involucrada la compañía Aceitera General Deheza.
En ese sentido, el tribunal dispuso la nulidad de una resolución de la Cámara Federal de Córdoba que dictaba el sobreseimiento al representante de la empresa De Smet, Javier Boretti, por prescripción de la acción penal en su contra. En esa línea, ordenó remitir esa parte de la investigación al juez federal de Río Cuarto para continuar con la investigación contra la empresa que montó la estructura donde se realizó la experiencia con hexano que derivó en la tragedia.
A su vez, se dispuso volver a investigar la conducta de la empresa Aceitera General Deheza (AGD), responsable de la compra y traslado del hexano, material que terminó siendo determinante en la causa del incendio trágico.
También, los jueces requirieron ampliar la investigación sobre la responsabilidad que pudo caberle a Oscar Spada, quien se desempeñaba como decano de la Facultad de Ingeniería en el momento que se produjeron las explosiones.
El incendio produjo quemaduras a 24 personas, de las cuales 10 quedaron en estado muy grave. Seis de ellos fallecieron: los docentes Gladys Baralla, Miguel Mattea, Liliana Giacomelli, Damián Cardarelli, Carlos Ravera y el alumno Juan Politano.
“Desde hace unos veinte días había entre 12 y 15 tachos de alrededor de 200 litros cada uno con hexano. Con una grúa estaban levantando uno de los tambores y se cayó. Se derramó el líquido y, como es muy volátil e inflamable, se desató una explosión en cadena”, relató después del hecho Juan Fernández, un estudiante de Microbiología que estaba en el mismo lugar de la explosión, pero en otro extremo. “Por suerte, estaba la puerta grande abierta y muchos salieron por ahí”, relató. Otras personas se pusieron a salvo arrojándose por las ventanas del edificio.
En aquella ocasión, el rector Oscar Spada argumentó que la planta piloto “es relativamente nueva y respeta las normas de higiene y seguridad” y explicó que “se hacían extracciones de aceites vegetales, de plantas aromáticas y oleaginosas, y todos los que trabajaban en el interior son docentes y especialistas químicos, gente experimentada”.