El diputado sindical Recalde presentó un proyecto que aumenta los pagos «en un nivel similar al alza del costo de vida»
La comisión de Legislación del Trabajo de la cámara de Diputados daría hoy dictamen a un proyecto de ley que busca elevar los montos indemnizatorios para los trabajadores que sufren accidentes o enfermedades laborales. Según estimó el presidente de esa comisión y autor del proyecto, Héctor Recalde, en diálogo con LA NACION, las cifras de resarcimiento subirían, si se aprobara la iniciativa, en un nivel similar «al aumento que tuvo el costo de vida desde la devaluación», es decir, «alrededor de un 90 por ciento», según estimó.
El proyecto despierta preocupación en el sector empresarial, por el incremento de los costos que conllevará, según advirtió ayer Daniel Funes de Rioja, principal asesor de la Unión Industrial Argentina (UIA). El abogado disertó en un desayuno de trabajo junto con Juan Carlos Cassagne, del estudio Cassagne Abogados.
Decenas de directivos de empresas escucharon sus consideraciones sobre el doble tema convocante: «Regulación pública y laboral: situación y perspectivas».
Funes de Rioja se refirió a los efectos que dejaron los fallos de la Corte Suprema de Justicia, que, en 2004, declararon la inconstitucionalidad de tres artículos de la ley de riesgos de trabajo vigente desde 1996. «Las decisiones judiciales hicieron que el régimen sea litigioso, imprevisible e inasegurable», afirmó.
La iniciativa presentada por Recalde, referente técnico de los sindicalistas de la CGT, no busca una reforma integral del régimen, algo que estaba previsto en un proyecto elaborado por el Ministerio de Trabajo, que pasó a Presidencia meses atrás y que nunca fue enviado al Congreso.
En uno de sus artículos, el proyecto que hoy evaluarán los diputados prevé una actualización trimestral del ingreso que se toma como base para calcular la indemnización de un trabajador que sufre un accidente laboral y se hace acreedor de una prestación dineraria, a cargo de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). Esa actualización se haría según los aumentos que vayan teniendo los salarios de convenio, de acuerdo con el puesto ocupado por el trabajador.
Además, se busca garantizar que, una vez que sea declarada su incapacidad total permanente y mientras se mantenga la provisionalidad de la declaración de ese estado de salud, el trabajador no reciba mensualmente menos que lo que le habría tocado de no haber sufrido el accidente. Hoy la ley prevé el pago del 70 por ciento del ingreso base, definido como el promedio del salario de los últimos 12 meses (sin actualizar).
Para calcular el ingreso base, en caso de que el trabajador tenga más de un empleo, se tomarán todas las remuneraciones devengadas con cada empleador.
Prestaciones con pisos
El texto prevé un piso de $ 300.000 para las prestaciones por incapacidad total permanente o muerte. Además, se propone un monto mínimo de $ 250.000 multiplicado por el porcentaje de incapacidad, para los casos de incapacidad parcial permanente.
Para calcular la indemnización, el multiplicador del ingreso base se eleva de 53 a 60 veces. Si la incapacidad es de entre el 50 y el 66%, la iniciativa prevé una renta mensual cuyo valor actual del monto total esperado no podrá ser inferior a los $ 250.000, mientras que hoy existe un tope de 180.000, aunque a esa prestación se está agregando una suma complementaria, que se dispuso a través de una reforma de la ley.
El proyecto no trata uno de los temas fundamentales por los que el régimen fue cuestionado en la Justicia: la pretensión de la ley 24.557, de 1996, de impedir a los trabajadores el acceso a la Justicia contra su empleador, por accidentes laborales.
Funes de Rioja recordó ayer que el nudo de la discusión, en ese punto, está en ver si se ofrece un cúmulo (cobrar de la ART la indemnización y, además, hacer un juicio a la empresa) tal como pretende la CGT, o bien dar la opción al trabajador respecto de cuál de los dos caminos prefiere para buscar su resarcimiento.
En su disertación, el abogado asesor de empresas se mostró preocupado por la cantidad de proyectos laborales que hay en el Congreso, más allá del de riesgos de trabajo.
«Es imposible volver a la legislación de los 70: hubo cambios por la tecnología, por los flujos de intercambio que genera la globalización y por los perfiles del trabajador requeridos», advirtió.
Por Silvia Stang
De la Redacción de LA NACION