(ORBE) Ante la detonación de explosivos ocurrida en la empresa minera Soquimich, que dejó a seis mineros fallecidos en la Segunda Región, el diputado (PPD) Rodrigo González dijo que «le estamos pidiendo a la ministra del Trabajo (Camila Merino) tres cosas. Una de ellas es que cumpla con la ley exigiendo a la empresa la entrega de los informes que corresponden de acuerdo al Código del Trabajo y del Medio Ambiente en relación con el accidente».
El parlamentario también explicó a Agencia ORBE que, en segundo punto «la empresa tiene que asegurar todas las condiciones de seguridad en las labores y faenas que cumplen sus trabajadores y desde el punto de vista ambiental tiene que asegurar de que no exista ninguna situación de riesgo, y si las hay, se deben eliminar para la realización de las faenas de sus trabajadores».
Además, reconoció que ya estaba reconocido como accidente del trabajo el de los seis mineros fallecidos, ya que según explicó, «estaban cumpliendo su contrato en la faena ordenada por la empresa, y la Dirección del Trabajo no ha solicitado todos los informes de la empresa. Demostrando que no han cumplido con el deber que corresponde desde el punto de vista de la autoridad».
Respecto a lo ocurrido, el pepedeísta comentó que «de acuerdo al artículo 184 del Código del Trabajo, no aseguraron todos los requisitos que tienen que ver con las condiciones de seguridad».
«Sabemos que se produjeron varias irregularidades en este accidente. Una de ellas es que la comitiva no fue escoltada por elementos de seguridad; llevaban más de mil 900 kilos de explosivos que se trasladaban de un lugar a otro y por último el camión no era el adecuado para ese transporte, ya que era tres cuartos, éstos se utilizan normalmente al interior de la faena, por lo tanto, no tenía los compartimientos adecuados. Todos los elementos detonantes iban juntos sin tener una protección como correspondía«, declaró el opositor.
También confesó que el camión presentaba fallas eléctricas por lo que pudo ser el causante de la detonación. Por ende, se determinó en la investigación que «existía un exceso de explosivos».
Otro tema importante, en el que pone énfasis el legislador es que «los vehículos que explotaron, fueron entregados al otro día del accidente a la empresa minera. Cuando ocurre un choque en las vías públicas, el vehículo es retenido y está obligado a ser requisado, siendo una circunstancia extremadamente grave».
Además, dijo que el perito recién hoy día «después de cinco meses de haber ocurrido el accidente tuvo tiempo para hacer la inspección correspondiente».
«Hay muchas circunstancias, que hacen ver, que pueda haber una colaboración de distintos entes con la empresa para ocultar evidencias, para que la situación no se esclarezca», sentenció González.
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